La ONU instó al Congreso de Colombia para que apruebe la ley que reglamenta el sistema de justicia creado en el acuerdo de paz con la exguerrilla FARC, que según el gobierno no ha tenido un trámite ágil por dilaciones de los legisladores.

“La aprobación del proyecto de ley estatutaria de la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), por parte del Congreso de la República, es fundamental para el cumplimiento efectivo de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, indicó en un comunicado la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

El acuerdo de paz firmado en noviembre entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la exguerrilla comunista FARC, ya desarmada y transformada en partido político, establece un sistema de justicia al que deberán someterse los rebeldes y militares implicados en delitos graves.

El gobierno radicó en agosto la ley estatutaria que reglamenta el sistema, pero la debilitada mayoría oficialista no ha conseguido aprobarla por lo que califica como dilaciones de antiguos aliados de Santos en el Congreso.

La aprobación de esta normativa, considerada una de las columnas vertebrales del pacto, es clave para definir, entre otros puntos, si los exguerrilleros acusados de crímenes graves pueden participar en política antes de ser juzgados o de cumplir las penas impuestas por los tribunales de paz.

La semana pasada la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), partido en que se convirtió la exguerrilla homónima, lanzó sus candidaturas a la Presidencia, Senado y Cámara de Representantes para las elecciones de 2018.

El acuerdo establece que los responsables de esos delitos podrán recibir penas alternativas a la cárcel si confiesan sus crímenes, reparan a las víctimas y se comprometen a nunca más ejercer la violencia.

Naciones Unidas recordó a los parlamentarios “su obligación” de garantizar el derecho a la justicia de las víctimas y a “impulsar todas las acciones que sean necesarias para maximizar las oportunidades del procedimiento legislativo especial para la paz“.

“Pese a los esfuerzos impulsados por el Estado en materia de lucha contra la impunidad, aún persisten serios desafíos para garantizar la protección judicial efectiva de las víctimas, y este mecanismo representa una esperanza para la rendición de cuentas en el país”, agregó.

Colombia vive un conflicto armado que durante medio siglo de enfrentamientos entre guerrillas, paramilitares, agentes estatales y narcotraficantes ha dejado 7,5 millones de víctimas entre desplazados, muertos y desaparecidos.

Santos busca la “paz completa”, por lo que negocia con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), última guerrilla que reconoce el gobierno.

Por AFP

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